Los congresistas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Christian Garcés y Hernán Cadavid radicaron una iniciativa que busca prohibir las huelgas de profesores y de otros sectores. La idea es que las manifestaciones de docentes no generen afectaciones en el sistema de educación del país.
La senadora María Fernanda Cabal comentó que “el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 430 establece que hay servicios en donde no debería haber huelga. No queremos que se siga permitiendo que haya marchas, activismo y protestas sacrificando la educación de los niños”.
Los ponentes del movimiento aclaran que se desea modificar el artículo 430. La idea es agregar la palabra ‘esencial’ dentro de lo establecido y calificar a la educación como servicio público. María Fernanda Cabal precisó que su propuesta va en su mayoría direccionada a las huelgas que suele plantear la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).
“Queremos subir el estatuto del derecho a la educación como servicio esencial. No puede faltar un maestro a clase (…) Muchos niños en Colombia se atrasan en su formación académica, cuando los docentes no dictan clase para ejercer su derecho a la protesta (…) este será un mecanismo que garantice los derechos a sujetos de especial protección como los niños”, añadió María Fernanda Cabal al hablar de la propuesta.
En el documento, firmado por las dos senadoras y los dos representantes a la Cámara, se lee, de manera textual, que el objetivo es “elevar a rango legal la prohibición de la huelga en los servicios públicos esenciales, como mecanismo de protección y garantizar derechos a sujetos de especial protección constitucional”.
Según cifras del Ministerio de Educación Nacional, durante el año 2021 había matriculados unos 7′835.908 niños, niñas y adolescentes; en escuelas y colegios públicos. Aquella población, dice el proyecto, fue víctima de ‘la violación de su derecho fundamental a la educación’ por la decisión de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), de organizar, de ‘manera sistemática’ paros en sus labores.
Con estos datos, dicen María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Christian Garcés y Hernán Cadavid, se puede concluir que en los últimos cuatro años unos 2.742.578 se vieron afectados por paros, es decir, un 35% de los niños, niñas y adolescentes. “Como lo reitera la jurisprudencia de la Corte Constitucional, va en contravía del derecho a la educación, como servicio público esencial”.